• La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cuestionó aspectos del Decreto 1525 de 2026, que modifica las reglas de actuación policial durante las manifestaciones. El debate se centra en el uso de la fuerza, el diálogo y las garantías constitucionales para ejercer la protesta pacífica.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021, que regula las actuaciones preventivas, simultáneas y posteriores a las manifestaciones públicas. La norma introduce cambios en los procedimientos de diálogo, mediación e intervención policial, así como en la respuesta ante hechos violentos y bloqueos que afecten vías o servicios esenciales.

La controversia surgió después de que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicara, el 15 de octubre, sus observaciones sobre la reforma. El organismo advirtió que determinadas disposiciones podrían permitir interpretaciones demasiado amplias por parte de las autoridades y facilitar el recurso a la fuerza sin garantías suficientes. Sus comentarios se refieren al contenido del decreto y a los riesgos de su aplicación, no a una declaración judicial de inconstitucionalidad.

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que la Policía intervenga contra quienes cometan actos violentos sin esperar a que finalice el diálogo con el conjunto de los manifestantes. El Gobierno presenta esta modificación como una herramienta para proteger a las personas y responder oportunamente ante agresiones. La preocupación de Naciones Unidas consiste en determinar cómo se identificarán esas conductas, quién establecerá que se cumplen las condiciones para intervenir y qué mecanismos impedirán que una decisión dirigida contra responsables individuales termine afectando a toda una concentración pacífica.

La discusión también comprende los bloqueos de vías y las afectaciones a instalaciones industriales, comerciales y de servicios. El decreto contempla la evaluación de sus consecuencias sobre la movilidad, el acceso a medicamentos y alimentos, y la continuidad de actividades esenciales. Sin embargo, el análisis de derechos humanos exige diferenciar entre las restricciones concretas que puedan justificar una intervención y la utilización de una afectación a la movilidad como argumento general para disolver una protesta. La respuesta institucional debe atender a las circunstancias verificables de cada caso.

El marco jurídico: protestar es un derecho constitucional

El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y establece que solo la ley puede señalar expresamente los casos en los que ese derecho puede limitarse. A su vez, los artículos 20 y 21 protegen la libertad de expresión y el derecho de reunión, mientras que el artículo 218 asigna a la Policía Nacional la función de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Estas garantías deben interpretarse conjuntamente, no como principios enfrentados.

El marco jurídico colombiano también está relacionado con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En particular, su artículo 21 protege las reuniones pacíficas y permite restricciones únicamente bajo condiciones determinadas, cuando estén previstas por la ley y resulten necesarias para fines legítimos. La Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU desarrolla estos estándares y resalta que las autoridades tienen el deber de facilitar las reuniones pacíficas y proteger a quienes participan en ellas.

Otro antecedente relevante es la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó adoptar medidas para proteger el ejercicio de la protesta pacífica frente a intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de la fuerza pública. En cumplimiento de esa decisión se expidió el Decreto 003 de 2021, cuyo propósito protector constituye un referente central para evaluar cualquier modificación posterior. Por eso, Naciones Unidas insiste en que la reforma debe justificarse con un diagnóstico suficiente y no únicamente con la identificación general de dificultades de orden público.

El Estado tiene el deber de proteger tanto a quienes se manifiestan como a las personas que no participan, a los servidores públicos y a quienes necesitan acceder a servicios esenciales. La cuestión decisiva es que toda intervención cumpla los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, y que las actuaciones se dirijan a las conductas concretas que las justifican. La presencia de personas violentas no convierte automáticamente en violenta a toda una manifestación.

Diálogo, uso de la fuerza y garantías para la ciudadanía

Esa preocupación es importante porque las normas que regulan el uso de la fuerza deben ofrecer instrucciones claras, verificables y sujetas a control, de modo que los agentes no tengan una libertad de decisión incompatible con la protección de los derechos fundamentales.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, recordó el 14 de octubre que la protesta social es un derecho constitucional y que las movilizaciones convocadas por sectores sociales o de oposición no deben tratarse, por ese solo hecho, como un problema de terrorismo o de orden público. Su pronunciamiento insistió en que el diálogo debe prevalecer sobre el uso de la fuerza. Esta posición institucional refuerza la importancia de que las autoridades distingan entre la expresión legítima del desacuerdo, las infracciones concretas y los hechos que realmente representan una amenaza para la vida o la integridad.

El Gobierno sostiene que el decreto establece cinco niveles de actuación: facilitación preventiva, diálogo directo, mediación y articulación institucional, disuasión y restablecimiento del orden mediante unidades policiales especializadas. También incorpora corredores solidarios para facilitar el paso de ambulancias, personal médico, organismos de socorro y el transporte de alimentos y medicamentos. Estas herramientas pueden contribuir a proteger derechos concurrentes, siempre que se apliquen con criterios transparentes, diferenciación entre participantes y evaluación individualizada de los riesgos.

Fuentes: ONU Derechos Humanos en Colombia: Observaciones al Decreto 1525 de 2026, Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo, Normativa del Decreto 1525 de 2026.

Santiago Reyes
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Por Santiago Reyes

Comunicador Social-Periodista, Especialista en Alta Gerencia, Maestría en Comunicación (nuevas tecnologías), Maestría en Gestión de las Organizaciones, Presidente de la Comisión de Ética del CNP (colegio nacional de periodistas), Docente y Productor y Director en medios Audiovisuales

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