- La Gobernación del Atlántico presentó un modelo tecnológico de vigilancia que contempla una inversión de $69.392 millones para ampliar la capacidad de prevención y respuesta frente al delito en los 18 municipios del departamento. El proyecto integra 700 cámaras de seguridad, 44 drones con sensores especializados y dos centros de monitoreo ubicados en Sabanalarga y Malambo.
Una estrategia que integra vigilancia terrestre y aérea
El departamento del Atlántico avanza en la implementación de un modelo tecnológico orientado a fortalecer la seguridad ciudadana mediante la integración de cámaras de vigilancia, dispositivos aéreos no tripulados y centros de coordinación de operaciones.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Eduardo Verano durante el 12.º Foro CEO 2026, denominado Visión Atlántico y Magdalena: articulación, liderazgo y desarrollo para una región competitiva, realizado en Barranquilla.
De acuerdo con la información divulgada por la administración departamental el 19 de noviembre, los dos proyectos que conforman esta estrategia representan una inversión conjunta de $69.392 millones. Su propósito es ampliar la capacidad de vigilancia, mejorar la identificación de situaciones de riesgo y facilitar una respuesta coordinada de las autoridades.
El modelo contempla tres capacidades complementarias: vigilancia desde tierra mediante cámaras, observación aérea con drones y coordinación de la información a través de centros de monitoreo. La propuesta busca superar las limitaciones de cobertura que presentan algunos territorios, especialmente las zonas rurales y de difícil acceso.
Cámaras y drones: los componentes de la inversión
El primer componente corresponde al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), que cuenta con una inversión de $44.992 millones y contempla la instalación de 700 cámaras de vigilancia. Según el reporte oficial, la primera fase incluye 411 dispositivos.
Los recursos de este componente provienen del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), que aporta el 75 %, y de la Gobernación del Atlántico, que contribuye con el 25 % mediante la Tasa de Seguridad Ciudadana.
El segundo proyecto es el Sistema Aéreo Remotamente Articulado (SIART), que dispone de $24.400 millones para incorporar 44 drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos.
Estos dispositivos permitirán ampliar la vigilancia en sectores rurales, apoyar las operaciones de búsqueda de personas desaparecidas y facilitar la evaluación de zonas afectadas por emergencias como incendios e inundaciones.
La utilización de tecnología aérea también puede mejorar la capacidad de observación de las autoridades en lugares donde las condiciones geográficas dificultan el desplazamiento de las unidades terrestres.
Dos centros de monitoreo para coordinar la respuesta institucional
La infraestructura tecnológica estará respaldada por dos puntos de operación. El centro principal funcionará en el Comando de Policía del Atlántico, ubicado en Sabanalarga, mientras que el punto de respaldo estará en el Comando Aéreo de Combate número 3, en Malambo.
Desde estas instalaciones se facilitará el intercambio de información entre la Policía Nacional, las autoridades civiles, las Fuerzas Militares y los organismos de socorro, con el propósito de mejorar la coordinación ante incidentes y situaciones de emergencia.
La articulación institucional será determinante para que las herramientas tecnológicas se traduzcan en resultados concretos. La instalación de cámaras y drones, por sí sola, no garantiza una disminución de los delitos: también se requiere personal capacitado, mantenimiento de los equipos, protocolos de actuación y capacidad de respuesta oportuna.
Otro aspecto que deberá acompañar la implementación del sistema es la protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos. El manejo de imágenes, registros de vigilancia y datos obtenidos mediante dispositivos aéreos exige controles institucionales, supervisión y cumplimiento de las normas vigentes.
El reto será medir los resultados en seguridad ciudadana
La inversión representa un avance en la modernización de las herramientas de vigilancia del Atlántico, pero su impacto deberá evaluarse a partir de indicadores verificables, como los tiempos de respuesta, la atención de emergencias, la cobertura territorial y los resultados de las investigaciones judiciales.
También será importante conocer el cronograma de instalación de las cámaras, el estado de operación de los drones y los mecanismos de coordinación entre los municipios y los centros de monitoreo.
Para las comunidades, especialmente las ubicadas en zonas rurales, la expectativa está relacionada con una mayor capacidad de prevención y una atención más eficiente ante hechos delictivos y emergencias.
La Gobernación también presentó durante el foro avances de una propuesta de zona franca agroindustrial, que busca fortalecer la transformación de productos del campo y conectar a los productores con los mercados nacionales e internacionales. Esta iniciativa se encuentra en una etapa de estructuración y estudio de prefactibilidad.
Fuentes: Gobernación del Atlántico, Policía Nacional de Colombia,

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