En un plazo de tres meses, las empresas y entidades públicas tendrán prohibido realizar llamadas comerciales a través de teléfonos móviles, según una orden ministerial del Gobierno de España recientemente firmada. Esta medida forma parte de un paquete de acciones destinadas a combatir las estafas de suplantación de identidad que se efectúan mediante telefonía o mensajería móvil (SMS).

No obstante, se permitirá la realización de llamadas comerciales desde números que comiencen por 900 u 800, los cuales hasta ahora estaban reservados exclusivamente para recibir llamadas. Esta disposición, promovida por el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para esta semana.

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, explicó a los medios de comunicación las nuevas medidas, entre las que destaca la obligación impuesta a los operadores de telecomunicaciones de bloquear llamadas y SMS que utilicen numeraciones no asignadas a un cliente final o a un operador registrado.

Otra medida importante es el bloqueo de llamadas internacionales que simulan proceder de un número español, una práctica común en las estafas telefónicas. Esta normativa exime a los clientes en itinerancia (roaming), pero busca frenar las acciones fraudulentas que provienen mayoritariamente de países como Países Bajos o Reino Unido.

Además, los operadores estarán obligados a bloquear los mensajes SMS que muestren un código alfanumérico en lugar de un número telefónico, salvo que sus propietarios estén registrados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Estas acciones se suman a la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, vigente desde junio de 2023, que ya prohibía el envío de información comercial sin el consentimiento previo del usuario. Sin embargo, las empresas han aprovechado vacíos legales para continuar con sus actividades comerciales. Con esta nueva orden ministerial, el Gobierno español busca cerrar definitivamente esas brechas legales y erradicar las llamadas comerciales no solicitadas.

El incumplimiento de estas medidas podrá acarrear sanciones de hasta 2 millones de euros, lo que subraya la firmeza del Ejecutivo en su lucha contra las prácticas fraudulentas y las molestias derivadas del spam telefónico.

Implicación global y perspectivas internacionales

La decisión del Gobierno español refleja una tendencia global en el fortalecimiento de la regulación de las comunicaciones comerciales para proteger a los consumidores. En países como Estados Unidos y Australia, se han implementado medidas similares para combatir el «robocalling» y las estafas telefónicas, con sanciones severas para los infractores.

La colaboración internacional es crucial para abordar un problema que trasciende las fronteras nacionales. Las llamadas fraudulentas suelen originarse en el extranjero, lo que exige una cooperación más estrecha entre los reguladores de diferentes países y el desarrollo de tecnologías avanzadas de detección y bloqueo.

Esta iniciativa también plantea un desafío para las empresas que utilizan el marketing telefónico como parte de sus estrategias comerciales, ya que deberán adaptarse a las nuevas restricciones y buscar métodos alternativos de comunicación con sus clientes. A largo plazo, estas medidas podrían impulsar una mayor transparencia y confianza en las comunicaciones comerciales a nivel global.

Fuente: AGENCIAS | EITB MEDIA

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